ANTECEDENTES
(Fuente prólogo de “Lo que queda de España”, edición de 1995 –Temas de hoy- La Tribuna).
El manifiesto de los 2.300 se redactó al poco de aprobarse la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Cataluña frente a los propósitos de inmersión y marginación lingüística de Jordi Pujol, segundo presidente de la Generalidad de Cataluña.
La mayor parte de los firmantes del manifiesto de los 2.300 formaban parte o apoyaban al PCE, única organización política de oposición al franquismo durante la dictadura. Sin embargo la mayor parte de los que atacaron ferozmente al manifiesto y sus firmantes no ejercieron ningún tipo de oposición a la dictadura o disfrutaban de posiciones relevantes en el entorno del dictador.
El manifiesto de los 2.300 surgió también como respuesta al cambio de rumbo de la izquierda que durante la dictadura defendía las libertades lingüísticas en términos de igualdad y libertad para emplear el español o el catalán y que ahora pasaba a ser nacionalista identificando el uso del español como algo propio de fascistas anticatalanes.
Uno de los firmantes del manifiesto fue Federico Jiménez Losantos, profesor de instituto en Barcelona, licenciado en filología hispánica y que perteneció al PCE cuando era ilegal y que fundó con otros amigos varias revistas en las que podían encontrarse indistintamente textos en español o en catalán. Varios de sus amigos sufrieron detenciones y encarcelamiento durante los últimos años de la dictadura.
El primer presidente de la Generalidad de Cataluña, Josep Tarradellas (que regresaba del exilio) compartía la posición de los firmantes del manifiesto, tal como se desprende de una carta de apoyo que envió a Federico Jiménez Losantos tras el atentado terrorista que sufrió por la firma del manifiesto y por su libro “Lo que queda de España”, fuente de este artículo. El libro “Lo que queda de España” fue criticado ferozmente por los nacionalistas tanto de CiU como de la izquierda antes de que fuera publicado, tachándolo de fascista y anticatalán. El mismo editor al que se le ofreció la publicación se encargó de ello. Finalmente el libro fue publicado gracias al apoyo del diario El País que, poco después, se posicionó contra los firmantes del manifiesto de los 2.300.
Federico Jiménez Losantos nos cuenta en su libro “Lo que queda de España” la siguiente anécdota:
“El hecho que más me asombró fue la intervención de una líder obrera, de Comisiones, pidiendo perdón públicamente, en tono de solemne contrición, por hablar en castellano y no en catalán, prometiendo a continuación que en el futuro ni ella ni los demás “castellanos” harían esa “involuntaria ofensa” a la tierra que los acogía. Bastaba oírla para saber que no era catalana y que el castellano o español era su lengua materna, de manera que la salva de aplausos que sancionó su mea culpa me sonó como una bomba en el oído. ¿De modo que la izquierda, aun sin democracia, ya abandonada la lucha por el derecho a la enseñanza en la lengua materna, que era la base teórica de apoyo al catalán y lo que nos explicaban Marta Mata y demás teóricas de la enseñanza en Rosa Sensat? ¿Así que las propias Comisiones Obreras, de clase, revolucionarias, compuestas esencialmente por emigrantes, asumían la tesis de la extrema izquierda nacionalista de que el español era una lengua extranjera, “de ocupación”, que había que desterrar? Yo no daba crédito a aquello. No podía creer que un partido serio abandonara la defensa de su clase, de su gente, del que era y es el idioma mayoritario de sus militantes. Me pareció entonces y me sigue pareciendo ahora un disparate, una aberración intelectual, una traición incalificable a los hombres y mujeres humildes que yo había conocido en el Partido en Zaragoza y en Barcelona…”
Algo parecido a lo que muchos años después pudo verse en el Congreso Regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (2004) anunciando la reforma del Estatuto de Autonomía, y presumiendo que iban a aprobarlo antes que los catalanes, apuntándose a la actual vorágine de reformas estatutarias en pro de esa confederación asimétrica que tanto defendía Maragall pocos meses antes del 11-M. La verdad es que cuando la ponente anunció el propósito de reforma, la gente aplaudía por compromiso más que por convicción. Estaban demasiado recientes el 11-M, los Acuerdos de Perpiñán, el Pacto del Tinell, la derogación del Plan Hidrológico Nacional, allí sobre todo el PHN y el 11-M, y los acuerdos de gobierno de Zapatero con grupos independentistas. Actualmente en Valencia sufrimos un Estatuto de Autonomía que no reconoce el español como lengua propia del Reino de Valencia; escrito en un lenguaje nacionalistamente correcto; y con un estilo ajustado a la ideología de género pregonada por la progresía. De hecho algunos hemos optado por tachar unas palabras o traducir al español otras a fin de agilizar su lectura.
Volviendo al asunto que nos toca, el manifiesto de los 2.300, tras ganar CiU las elecciones autonómicas, Jordi Pujol manifestó su intención de realizar una política agresiva de inmersión lingüística en las escuelas. Ello que provocaría que miles de profesores, tanto catalanes como llegados de otros lugares de España, fueran forzados en sus libertades: para mantener su puesto de trabajo tendrían que aprender, por imposición, una lengua que no era la suya. Dicha inmersión lingüística también produciría el efecto de coartar las libertades de padres (obreros en su mayor parte) y alumnos venidos de otros lugares de España que se verían forzados, coaccionados, a estudiar en una lengua distinta a la que habían aprendido al poco de destetarse, esto es, el español. Todo aquel que se opuso a este tipo de coacciones fue calificado de fascista y anticatalán de forma automática e implacable.
El manifiesto de los 2.300 fue concebido en un pizzería de las Ramblas por Santiago Trancón, amigo y compañero de Federico Jiménez Losantos en la revista Diwan, Chema Vizcay, dirigente de FETE-UGT, Jesús Vicente, teniente de alcalde de Santa Coloma, el poeta Carlos Sahagún, leninista de estricta observancia, y el profesor Reinoso, eficacísimo en la movilización de la EGB. Un manifiesto redactado por sectores del profesorado y de la izquierda, traicionada ésta última por sus propios dirigentes.
A Federico Jiménez Losantos, que ya había pedido su traslado a Madrid y en ese momento tenía puesta la mente en otros asuntos, se le ofreció participar en la redacción del manifiesto y accedió a ello por su amistad con Santiago Trancón.
El haber firmado el manifiesto de los 2.300 y la publicación de su libro “Lo que queda de España” le costó a Federico Jiménez Losantos un secuestro y un balazo en la pierna que podría haberle costado la vida de no haber sido por su compañera de trabajo que secuestrada con él logró desatarse y aplicarle un torniquete.
La respuesta al atentado por parte del sector contrario al manifiesto de los 2.300, es decir, el sector nacionalista y a favor de la inmersión lingüística fue la de no condenarlo; taparlo; tergiversar los hechos convirtiendo el atentado en una pelea entre navajeros o en un piernicidio; o acusar a la víctima de megalomanía cuando no hacerla culpable del atentado "-Él se lo ha buscado, algo habrá hecho-".
Después del atentado, casi todos los firmantes conocidos y más de catorce mil profesores castellanohablantes de todos los niveles abandonaron Cataluña.
A continuación transcribimos “El Manifiesto de los 2.300” y la carta de apoyo que Josep Tarradellas, primer presidente de la Generalidad de Cataluña, envió a Federico Jiménez Losantos tras el atentado:
MANIFIESTO POR LA IGUALDAD DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS EN CATALUÑA
Los abajo firmantes, intelectuales y profesionales que viven y trabajan en Cataluña, conscientes de nuestra responsabilidad social, queremos hacer saber a la opinión pública las razones de nuestra profunda preocupación por la situación cultural y lingüística de Cataluña. Llamamos a todos los ciudadanos demócratas para que suscriban, apoyen o difundan este manifiesto, que no busca otro fin que restaurar un ambiente de libertad, tolerancia y respeto entre todos los ciudadanos de Cataluña, contrarrestando la tendencia actual hacia la intransigencia y el enfrentamiento entre comunidades, lo que puede provocar, de no corregirse, un proceso irreversible en el que la democracia y la paz social se vean gravemente amenazadas.
No nace nuestra preocupación de posiciones o prejuicios anticatalanes, sino del profundo conocimiento de hechos que vienen sucediéndose desde hace unos años, en que derechos tales como los referentes al uso público y oficial del castellano, a recibir la enseñanza en la lengua materna o a no ser discriminado por razones de lengua (derechos reconocidos por el espíritu y la letra de la Constitución y el Estatuto de Autonomía), están siendo despreciados, no sólo por personas o grupos particulares, sino por los mismos poderes públicos sin que el Gobierno central o los partidos políticos parezcan dar importancia a este hecho gravísimamente antidemocrático, por provenir precisamente de instituciones que no tienen otra razón de ser que la de salvaguardar los derechos de los ciudadanos.
No hay, en efecto, ninguna razón democrática que justifique el manifiesto propósito de convertir el catalán en la única lengua oficial de Cataluña, tal como lo muestran, por ejemplo, los siguientes hechos: presentación de comunicados y documentos de la Generalidad exclusivamente en catalán; uso casi exclusivo del catalán en reuniones oficiales, con desprecio público del uso del castellano, como ha ocurrido en el mismo Parlamento Catalán, en el que un parlamentario abandona ostensiblemente airado la sala en cuanto alguien hablaba en castellano; nuevas rotulaciones públicas exclusivamente en catalán; declaraciones de organismos oficiales y de responsables de cargos públicos que tienden a crear confusión y malestar entre la población castellanohablante, como las recientes del Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña y otras emanadas de responsables de las Consejerías de Cultura y Educación de la Generalidad; proyectos de leyes, como el de «normalización del uso del catalán», tendentes a consagrar la oficialidad exclusiva del catalán a corto o medio plazo, &c.
Partiendo de una lectura abusiva y parcial del artículo 3 del Estatuto, que habla del catalán como «lengua propia de Cataluña» –afirmación de carácter general y no jurídico–, se quiere invalidar el principio jurídico que el mismo articulado define a renglón seguido al afirmar que el castellano es también lengua oficial de Cataluña. No podemos aceptar su desaparición de la esfera oficial, sencillamente porque la mitad de la población de Cataluña tiene como lengua propia el castellano y se sentiría injustamente discriminada si las instituciones no reconocieran –de hecho– la oficialidad de su lengua. El principio de cooficialidad, pensamos, es jurídicamente muy claro y no supone ninguna lesión del derecho a la oficialidad del catalán, derecho que todos nosotros defendemos hoy igual que hemos defendido en otro tiempo, y acaso con más voluntad que muchos de los personajes públicos que ahora alardean de catalanistas.
No nos preocupa menos contemplar la situación cultural de Cataluña, abocada cada día más al empobrecimiento, de continuarse aplicando la política actual tendente a proteger casi exclusivamente las manifestaciones culturales hechas en catalán, como lo mostraría una relación de las ayudas económicas otorgadas a instituciones oficiales o particulares, grupos de teatro, revistas, organización de actos públicos, jornadas, conferencias, &c. La cultura en castellano empieza a carecer de medios económicos e institucionales no ya para desarrollarse, sino para sobrevivir. Esta marginación cultural se agrava si pensamos que la mayoría de la población castellanohablante está concentrada en zonas urbanísticamente degradadas, donde no existen las más mínimas condiciones sociales, materiales e institucionales que posibiliten el desarrollo de su cultura.
Resulta en este sentido sorprendente la idea, de claras connotaciones racistas, que altos cargos de la Generalidad repiten últimamente para justificar el intento de sustitución del castellano por el catalán como lengua escolar de los hijos de los emigrantes. Se dice sin reparo que esto no supone ningún atropello, porque los emigrantes «no tienen cultura» y ganan mucho sus hijos pudiendo acceder a alguna. Sólo una malévola ignorancia puede desconocer que todos los grupos emigrantes de Cataluña proceden de solares históricos cuya tradición cultural en nada, ciertamente, tiene que envidiar a la tradición cultural catalana, si más no, porque durante muchos siglos han caminado juntas construyendo un patrimonio cultural e histórico común.
Que una desgraciada situación económica y social obligue a ciento de miles de familias a dejar su tierra, es ya lo bastante grave como para que, además, quiera acentuarse su despojo con la pérdida de su identidad cultural. Cuando esta situación se da, cumple a la sociedad el remediar en los hijos la injusticia cometida con sus padres. Nadie, sea cual sea su origen, nace culto, pero todos nacen con el inalienable derecho a heredar y acrecentar la cultura que sus padres tuvieron o debieron tener. Nadie nace con una lengua, pero todos tienen derecho a acceder a la cultura mediante ese vínculo afectivo que une al niño con sus padres y que, además, comporta toda una visión del mundo: su lengua. Que este principio pedagógico elemental tenga que ser hoy reivindicado en Cataluña prueba nuevamente la gravedad de la situación.
Resulta, por tanto, insostenible la torpe maniobra de pretender que esa inmensa mayoría de emigrantes, que comparte la lengua castellana, no forma una comunidad lingüística y cultural, sino que sólo posee retazos de culturas diversas reducidas a folklore. Que digan esto los mismos y razonables defensores de la unidad idiomática de Cataluña, Valencia y Baleares –unidad si acaso, menor que la de las diversas hablas del castellano– resultaría risible si la intención no fuera disgregar esa conciencia cultural común. ¿Habrá que recordar que pertenecemos a una comunidad lingüística y cultural de cientos de millones de personas y que la lengua de Cervantes, en la actualidad, no es ya el viejo romance castellano, sino el fruto de aportaciones de todos los pueblos hispánicos? ¿En virtud de qué principio puede negarse a los hijos de los emigrantes de cualquier lugar de España el acceso directo a esa lengua y a ese patrimonio cultural? ¿Acaso en nombre del mismo despotismo que pretendió borrar de esta misma tierra una lengua y una cultura milenarias? La historia prueba que esto fracasa.
No parece, por tanto, que la integración que se busca pretenda otra cosa que la sustitución de una lengua por otra, sustitución que ha de realizarse «de grado o por fuerza», como se empieza a decir, mediante la persuasión, la coacción o la imposición según los casos, procurando, eso sí, que el proceso sea «voluntariamente aceptado» por la mayoría. Se dice que la coexistencia de dos lenguas en un mismo territorio es imposible y que, por tanto, una debe imponerse a la otra; principio éste no sólo contrario a la experiencia cotidiana de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña –que aceptan de forma espontánea la coexistencia de las dos lenguas–, sino que, de ser cierto, legitimaría el genocidio cultural de cerca de tres millones de personas.
Se suele presentar en contra de las afirmaciones dichas hasta aquí, el hecho conocido de que gran parte de los medios de comunicación (cine, televisión, prensa), siguen expresándose en castellano, por lo que esta lengua no corre ningún peligro. No creemos que pueda ser negativo el que existan medios de comunicación que se expresen en castellano; si acaso, sería deseable que su castellano fuera mejor y que no informaran tan poco y tan mal sobre la comunidad de lengua castellana y sus problemas. Lo único negativo sería que no se crearan otros tantos medios, o más, de expresión en catalán.
Por otra parte, de esta falta de medios de comunicación en catalán no son responsables los castellanohablantes. Póngase remedio a esta situación en sentido positivo, construyendo y desarrollando la lengua y cultura catalanas, y no intentando empobrecer y desprestigiar la lengua castellana. Se evidencia cierta falta de honestidad para afrontar las verdaderas causas lingüísticas, culturales y políticas que puedan impedir el desarrollo de la cultura catalana en este intento de culpabilizar a los castellanohablantes de la situación por la que atraviesa la lengua catalana. Hay, por ejemplo, razones comerciales evidentes a las que nunca se alude y cuya responsabilidad no recae precisamente en los no catalanes.
No podemos pasar por alto en este análisis la situación de la enseñanza y los enseñantes. El ambiente de malestar creado por los decretos de traspasos de funcionarios ha puesto de manifiesto una problemática a la que ni el Gobierno central ni el Gobierno de la Generalidad quieren dar una respuesta seria y responsable. No se quiere reconocer la existencia de dos lenguas en igualdad de derechos y que, por tanto, la enseñanza ha de organizarse respetando esta realidad social bilingüe, mediante la aplicación estricta del derecho inalienable a recibir la enseñanza en la propia lengua materna en todos los niveles. El derecho a recibir la enseñanza en la lengua materna castellana ya empieza hoy a no ser respetado y a ser públicamente contestado, como si no fuera este derecho el mismo que se ha esgrimido durante años para pedir, con toda justicia, una enseñanza en catalán para los catalanoparlantes.
De llevarse adelante el proyecto de implantar progresivamente la enseñanza sólo en catalán –no del catalán, que indudablemente sí defendemos–, los hijos de los emigrantes se verán gravemente discriminados y en desigualdad de oportunidades con relación a los catalanoparlantes. Esto supondrá, además, y como siempre se ha dicho, un «trauma» cuya consecuencia más inmediata es la pérdida de la fluidez verbal y una menor capacidad de abstracción y comprensión.
Se intenta defender la enseñanza exclusivamente en catalán con el argumento falaz de que, en caso de que se respetara también la enseñanza en castellano, se fomentaría la existencia de dos comunidades enfrentadas. Falaz es el argumento porque el proyecto de una enseñanza sólo en catalán puede ser acusado –y con mayor razón– de provocar esos enfrentamientos que se dice querer evitar. Se quiere ignorar, por otra parte, que actualmente ya existe esa doble enseñanza en castellano y catalán, para demostrar lo cual bastaría hacer una estadística de los colegios en los que se dan clases exclusivamente en catalán y aquéllos en los que se sigue dando en castellano. Mayor causa de enfrentamientos será, indudablemente, que se respeten los derechos lingüísticos de unos y no los de otros.
Tampoco podrán achacarse a la coexistencia de las dos lenguas los posibles conflictos nacidos de las diferencias sociales que coinciden en gran parte con las existentes entre catalano y castellanohablantes. Desde esta perspectiva no cabe duda de que la lengua se ha convertido en un excelente instrumento para desviar legítimas reivindicaciones sociales que la burguesía catalana no quiere o no puede satisfacer, aunque la deuda que la sociedad catalana tiene para con la emigración sea inmensa y en justicia merezca mucho mejor trato. Sin embargo, en este momento de crisis el conocimiento del catalán puede ser utilizado –y ya lo está siendo–, como arma discriminatoria y como forma de orientar el paro hacia otras zonas de España. En efecto, el ambiente de presiones y de malestar creado ha originado ya una fuga considerable no sólo de enseñantes e intelectuales, sino también de trabajadores.
No es menos criticable el acoso propagandístico creado en torno a la necesidad de hablar catalán si se quiere «ser catalán» o simplemente vivir en Cataluña. Se ha pretendido con esta propaganda identificar a la clase obrera con la causa nacionalista, y aunque se ha fracasado en este empeño, la mayoría de los trabajadores se están viendo obligados a aceptar que las expectativas, no ya de promoción social, sino simplemente de que sus hijos prosperen, no pueden pasar por serlo. Se llega así a la degradante situación de avergonzarse de su origen o su lengua ante los propios hijos, a cambiarles el nombre, &c. Esta humillante situación constituye una afrenta a la dignidad humana y es hora ya de denunciarla públicamente.
Mientras no se reconozca políticamente la realidad social, cultural y lingüísticamente plural de Cataluña y no se legisle pensando en respetar escrupulosamente esta diversidad, difícilmente se podrá intentar la construcción de ninguna identidad colectiva. Cataluña, como España, ha de reconocer su diversidad si quiere organizar democráticamente la convivencia. Es preciso defender una concepción pluralista y democrática, no totalitaria, de la sociedad catalana, sobre la base de la libertad y el respeto mutuo y en la que se pueda ser catalán, vivir enraizado y amar a Cataluña, hablando castellano. Sólo así podrá empezarse a pensar en una Cataluña nueva, una Cataluña que no se vuelque egoísta e insolidariamente hacia sí misma, sino que una su esfuerzo al del resto de los pueblos de España para construir un nuevo Estado democrático que respete todas las diferencias. No queremos otra cosa, en definitiva, para Cataluña y para España, que un proyecto social democrático, común y solidario.
Barcelona, 25 de enero de 1981
Firman: Amando de Miguel, Carlos Sahagún, Federico Jiménez Losantos, Carlos Reinoso, Pedro Penalva, Esteban Pinilla de las Heras, José María Vizcay, Jesús Vicente, Santiago Trancón, Alberto Cardín y 2.300 firmas más.
CARTA DE JOSEP TARRADELLAS A FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS
Querido amigo:
Le quedo muy agradecido por su amable carta del 20 de Agosto pasado, que no he podido contestar hasta ahora, debido a algunos viajes que he debido realizar últimamente y a mis múltiples ocupaciones, que no me dejan todo el tiempo que quisiera para atender a mi correspondencia. Confío que tendrá Vd. La bondad de excusarme.
Le agradezco también la sinceridad y la nobleza con que me relata V. ciertos detalles de las pasadas elecciones al Parlamento de Cataluña, que no conocía, aunque se podrían intuir. Sus temores se han visto confirmados sobradamente, en carne propia y de qué forma! Y hoy estamos donde estamos por las causas que Vd. Señala muy acertadamente y que en su día, a pesar de lo mucho que me dolió, tuve que denunciar sin contemplaciones.
No voy a extenderme sobre este punto, porque Vd. Ya conoce mi pensamiento sobre esta delicada cuestión y lo mantengo, aunque ello me cueste algunos disgustos; pero estoy seguro de que al final triunfará.
Coincido con Vd. En que no puede hacerse en Cataluña una política demagógica y discriminatoria. No sabemos qué nos depara el futuro lejano, pero siempre he creído que las decisiones políticas deben ser tomadas en un clima de libertad y respeto, porque de lo contrario se cae en la intransigencia, la violencia y el fanatismo.
La cuestión lingüística y la solidaridad con los demás pueblos de España son dos problemas fundamentales que si no se enfocan justamente van a producir situaciones difíciles, corriendo el peligro de que se destruya nuestra convivencia para siempre.
Me permito adjuntarle copia de la conferencia que di en Santander el pasado 10 de Julio, invitado por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de aquella ciudad. Como Vd. Podrá comprobar, expongo en ella mi pensamiento de siempre, aunque debo reconocer que mis ideas no han tenido hasta ahora la influencia ni la efectividad que hubieran sido deseables y que, a mi parecer, imponían las circunstancias.
Tendré sumo gusto de estar en contacto con Vd. Y para ello tomo nota de su dirección en Zaragoza.
Al mismo tiempo aprovecho esta ocasión para testimoniarle de nuevo mis cordiales sentimientos de amistad y fervorosos saludos.