Los idiomas no tienen derechos: los tienen las personas. Y sólo podemos llamar derecho a aquello que no atropella la libertad de los demás.
No existe, por tanto, el derecho a vivir en una lengua determinada, pero sí a que la Administración pública no discrimine por razón de idioma. En España los derechos de millones de ciudadanos son conculcados sistemáticamente, y denunciarlo supone enfrentarse a una etiqueta de anticatalán o antigallego a quien se atreva a cometer la felonía de defender la libertad. Bien está que se enteren en Estados Unidos, pero lo realmente importante es que muchos ignorantes voluntarios se enteraran aquí en España.
Junta Directiva de la Mesa por la Libertad Lingüística